El alcalde de Cartaya, Juan M. Polo, ha explicado en una reunión informativa abierta a la ciudadanía la situación de los terrenos de ‘La Barranca’ de El Rompido, y ha desmentido “rotunda y categóricamente” la supuesta privatización denunciada recientemente por una parte de la Oposición municipal.
El primer edil ha aclarado al respecto que “este Equipo de Gobierno no ha privatizado la barranca, puesto que esta siempre ha sido y actualmente sigue siendo una propiedad privada con un uso privado y sin que en ningún momento el Ayuntamiento de Cartaya haya podido disponer de la misma”. Para aclarar tal afirmación, Polo ha explicado que “cualquier ciudadano que lo desee puede consultar en el Consistorio el expediente de estos terrenos y comprobar que el Equipo de Gobierno anterior fue el que, el 1 de febrero de 2011 decidió, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, no expropiar dichos terrenos por carecer de consignación presupuestaria para hacer frente a los 1,7 millones de euros que exigía la propiedad”.
Ahora, destacó, “lo único que hemos hecho ha sido dar respuesta al requerimiento presentado por el propietario, que le ha exigido al Ayuntamiento que o bien haga frente a la expropiación o bien libere estos terrenos, que desde el año 2.000 figuran en el planeamiento urbanístico del municipio como suelo a expropiar”. El primer edil ha trasladado a los vecinos que “ante esta situación y ante la imposibilidad de hacer frente al alto coste de los mismos, debido a la deuda de este Ayuntamiento, el pleno acordó en abril simplemente cumplir con el último trámite de un procedimiento ya cerrado en la anterior legislatura y normalizar la situación de los terrenos”. Se da la circunstancia, resaltó Polo, “de que resulta imposible de prolongar más en el tiempo un expediente de expropiación que, ya el anterior Equipo de Gobierno acordó cerrar por falta de presupuesto, sobre todo porque la barranca tiene un dueño que exige sus derechos”.
Además, el alcalde aseguró que “desde el Ayuntamiento se ha pretendido en todo momento garantizar las dotaciones públicas realizando las modificaciones oportunas al respecto”. Trasladó también un mensaje de tranquilidad a los rompieros, “ni Costas, ni Medio Ambiente, que son las administraciones competentes junto al Ayuntamiento, vamos a permitir un uso inadecuado o abusivo de estos terrenos, en cuyo caso, hay mecanismos que las administraciones podemos poner en marcha para impedirlo”. La consecución del expediente, insistió, “no supone cambio alguno en la situación práctica de la Barranca en la actualidad: no supone su privatización, puesto que siempre ha sido privada, y tampoco supone la puesta en marcha de un proyecto urbanístico de características sobredimensionadas, como se ha dicho de forma malintencionada además por parte de quienes decidieron no expropiarla, porque las administraciones competentes no lo permitiremos”.
El primer edil también ha trasladado a los vecinos las razones por las que Cartaya ha adjudicado los servicios de saneamiento y suministro de agua y de recogida de Residuos Sólidos Urbanos a ‘Aqualia’ y ‘Recolte’, respectivamente, destacando que cuando se aprueben próximamente las nuevas ordenanzas municipales, “los ciudadanos de Cartaya pagarán un 10% menos en el recibo del agua, y desde ya se están ahorrando un 10% en el recibo de los RSU debido al cobro del mismo por parte del Servicio de Gestión Tributaria”.
Aseguró al respecto que “Cartaya se ha salido de Giahsa y de la MAS antes de que la empresa pública privatice el servicio y encarezca el recibo".
