El litoral onubense, abierto al marisqueo regulado de coquinas tras levantarse la prohibición en Mazagón

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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva ha levantado este lunes la prohibición de capturar y comercializar coquinas de forma regulada en la zona de producción de Mazagón, la única que permanecía aún cerrada al marisqueo en el litoral onubense debido a los niveles de toxinas DSP que afectaban a los moluscos. De esta forma, toda la costa de Huelva se encuentra abierta en estos momentos a la captura regulada de esta especie.

La decisión se ha tomado a raíz de los resultados de los análisis que realiza de forma continua el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de la Junta de Andalucía, tanto de las aguas como de los animales, para comprobar si su ingestión es nociva para la salud y garantizar la calidad sanitaria del molusco de la costa de Huelva, según ha informado la Administración andaluza en un comunicado.

El seguimiento se enmarca en el Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, que realiza la Consejería de Agricultura y Pesca, dirigido a la protección de la salud pública y a garantizar la calidad sanitaria de los productos recolectados, permitiendo la adopción de medidas preventivas cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente. Para ello, dispone de un complejo sistema de control sanitario, que incluye muestreos tanto del agua como de los moluscos.

Respecto al resto del litoral, se encuentra abierto al marisqueo en su totalidad salvo de las especies que se encuentran en periodo de veda, que son el longueirón, el berberecho, la cañaílla, la navaja, la almeja chocha, la clica, el busano, la almeja babosa y el pirulo. Además, la chirla se encuentra en cierre temporal debido a su escasa talla.

La Junta de Andalucía recuerda que el marisqueo sin licencia está prohibido y las sanciones por este incumplimiento pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.

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