Izquierda Unida, junto con Ecologistas en Acción, ha presentado alegaciones contra la recalificación que el Gobierno municipal de Cartaya ha hecho de los terrenos del emblemático cabezo de La Barranca, en El Rompido. Ese suelo, que hasta ahora estaba contemplado como zona verde, espacio libre y mirador, pasa a ser "de uso lucrativo de dotaciones y servicios turísticos de carácter privado", según han aprobado ICAR, PP y PA, decisión que en el pleno tuvo el voto en contra de IU.
La Barranca es un lugar protegido, de alto valor paisajístico y ambiental, que, por lo tanto, se debe conservar. Está dentro de una zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) y de la Red Natura 2000, lo que hace que esté protegido por varias directivas de la Unión Europea. Además, La Barranca está calificada como hito paisajístico en el Plan de Ordenación de Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). A pesar de la importancia que tiene ese espacio desde el punto de vista ambiental, paisajístico y de la idiosincrasia de El Rompido, el Gobierno tripartito quiere cambiar su consideración para darle “uso lucrativo de dotaciones y servicios turísticos de carácter privado".
Tanto Izquierda Unida como Ecologistas en Acción consideran en sus alegaciones que los planes del Gobierno municipal para La Barranca vulneran leyes fundamentales, “independientemente de a quién pertenezca la propiedad, pues se va a pasar de una calificación de espacio verde y uso público a recalificarla como zona urbanizable y de uso privado con un gran impacto en la edificabilidad (más de 450 metros cuadrados de edificación con una altura de cuatro metros) que tendrá un impacto brutal en el paisaje de El Rompido”.
Izquierda Unida y Ecologistas en Acción rechazan en sus alegaciones que se pueda considerar una compensación por esa recalificación de terrenos y la consiguiente pérdida de zonas verdes “la construcción de un paseo marítimo en todo el frente litoral de El Rompido, desde La Barranca hasta el Club Náutico San Miguel”. Ese paseo, incluido en la modificación del planeamiento urbanístico aprobada por ICAR, PP y PA, sería una nueva agresión al frágil equilibrio ecológico de la zona.
