El periodo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), planteado por el Ayuntamiento de Isla Cristina , que contempla el despido de un máximo de 180 trabajadores laborales, ha culminado sin acuerdo. Sin embargo fecharán en diez días una nueva reunión en los próximos dos meses para «intentar buscar una solución y evitar despidos».
Según el comité de empresa, los trabajadores, tras reunirse en asamblea, decidieron no aceptar las propuestas municipales que pasaban por mantener la reducción de horarios y salarios ya interpuesta de un 50, un 75 y un 90 por ciento durante dos años, en los que no se efectuaría ningún despido, y que algunos trabajadores pasen su contrato de fijo a fijo-discontinuo, entre otras medidas.
Lucas ha detallado que todos los sindicatos, menos el Csif, ha aceptado mantener la citada reunión en la que estarán presentes todos los representantes de los trabajadores y se analizará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la reducción de algunas partidas presupuestarias, las gratificaciones e, incluso, el sueldo de la corporación política.
Cabe recordar que a principios de mes, la alcaldesa de Isla Cristina, la socialista María Luisa Faneca, que gobierna en coalición con el PA, se pronunció sobre estas negociaciones, las cuales «partieron de un acuerdo para mantener la reducción de horarios y salarios» ya interpuesta.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en el pleno de la Diputación de Huelva, la primera edil de Isla remarcó que el objetivo es «mantener los mismos trabajadores y no llevar a cabo ningún despido».
Estas medidas fueron denunciadas ante la justicia por la Unión Sindical Obrera (USO) y el Juzgado de lo Social 2 de Huelva declaró nulo el pasado mes de noviembre el acuerdo de pleno del Ayuntamiento condenando al Consistorio a reponer a los trabajadores afectados, más de 300, en sus anteriores condiciones de trabajo.
La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento recurrió esta sentencia porque «el juez condena por un defecto de forma y no de fondo». La primera edil insistió en que «se parte de respetar esta reducción», quedando una cantidad mínima que se pretende ahorrar «afectando lo menos posible» a los trabajadores.
