El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación y el nombramiento de un instructor tras la denuncia interpuesta el pasado mes de mayo por el PP por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente ilegales detectados por la Junta de Andalucía, ya que los hechos puestos de manifiesto «permiten apreciar que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos».
Durante el acto de clausura de la XVIII Intermunicipal del PP celebrado este sábado en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha dado a conocer el auto emitido por el Tribunal de Cuentas, el cual «demuestra la necesidad de la regeneración democrática», recordando que desde el PP «se ha denunciado el escándalo de los ERE desde hace meses», ya que se trata del «mayor escándalo de la historia económica, política y social de Andalucía».
En este sentido, Sanz ha criticado que «algunos se han empeñado en decir que era un capricho» de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, «o una obsesión del PP por ir contra el PSOE», pero ahora el auto emitido por el organismo fiscalizador demuestra que «en Andalucía ha ocurrido un caso muy grave, que no era un capricho ni obsesión de nadie».
A su juicio, el Tribunal de Cuentas «deja claro que se ha permitido que, desde la Junta, se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, para dar ayudas a ayuntamientos del PSOE o a empresas amigas del PSOE, para pagar campañas de publicidad de la Junta o para comprar medios de comunicación afines al PSOE», todo ello, según ha aseverado, «sin control, publicidad ni norma», ha aseverado Antonio Sanz.
Éscandalos ERE
