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500 presos de la cárcel de Huelva tendrán que automedicarse

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Unos 500 internos de la cárcel de Huelva tendrán que automedicarse durante los fines de semana y los días festivos por la “falta de personal” sanitario del centro, según denunció ayer la central sindical independiente  y que ha advertido además del riesgo de incremento de intoxicación y sobredosis por esta práctica.

A través de un comunicado, la sección sindical de CSIF en el centro penitenciario de Huelva, ha mostrado también su preocupación ante el hecho de que esta nueva situación pueda conllevar un aumento del “ya de por si elevado nivel de la conflictividad entre reclusos y de la inseguridad de los trabajadores en el interior de la prisión”.

La central sindical ha explicado que actualmente existe “una falta endémica” de personal sanitario en este centro penitenciario.

Desde hace más de una década, este déficit era subsanado, en parte, mediante la contratación de una empresa externa que reforzaba la prestación, sobre todo durante el periodo vacacional, fines de semana, festivos y puentes, en lo relativo a la administración de tratamientos médicos.

Sin embargo, según CSIF, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido “de manera unilateral y sin informar previamente, dar por terminada esa contratación externa por lo que el pasado mes de junio el servicio dejó de prestarse”.

Una medida, carente de sentido a juicio del sindicato y que provocará que a más de 500 internos que tienen prescrito tratamiento de medicación psicotrópica se les haga entrega los viernes -y en una sola vez- de toda la medicación del fin de semana y días festivos, lo que provocará de forma inevitable el aumento de casos por intoxicación y sobredosis de estas sustancias.

Esta situación también provocará –según CSIF, – “el refuerzo de las mafias que operan en el interior del centro dedicadas a la introducción y venta de este tipo de sustancias y que tratarán, utilizando la violencia, de hacerse con los medicamentos sustrayéndoselos a sus propietarios”.

Todo ello, ha asegurado CSIF, “afectará al orden, la convivencia y la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios y supondrá un aumento de agresiones entre reclusos y hacia los trabajadores”

 

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