Tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la juez Mercedes Alaya ha ordenado esta madrugada el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, tal y como solicitaba la Fiscalía. Trujillo, que ha sido trasladado esta noche a la cárcel de Morón en Sevilla, había estado declarando durante todo el martes ante la juez que investiga la trama de los ERE.
También se le ha impuesto suna fianza de 2,3 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil. A la petición del fiscal se han adherido las acusaciones particulares, que ejercen el sindicato Manos Limpias, la Junta de Andalucía y el Partido Popular. El abogado de UGT, que también ejerce la acusación, no ha estado presente.
El letrado del Partido Popular ha pedido también la detención y puesta a disposición judicial del director general de Vitalia, Antonio Albarracín, por haber entregado a Trujillo los sobres con dinero con las supuestas comisiones para Javier Guerrero.
Durante su declaración, Trujillo ha reconocido que tanto él como su jefe, Francisco Javier Guerrero, consumían cocaína «a cualquier hora», gastaron 25.000 euros mensuales en droga y que en al menos dos ocasiones viajó a Madrid para recoger sobres con dinero de manos del director general de la empresa Vitalia que posteriormente entregaría a su jefe.
La juez Alaya decretó hace diez días el ingreso en prisión ineludible de Francisco Javier Guerrero -al que impondría una fianza de 703 millones de euros para hacer frente a la devolución del dinero malversado- y su chófer podría seguir ahora su mismo camino.
Durante su declaración ante la juez, Trujillo ha afirmado que Guerrero y él consumían «entre cinco y diez gramos diarios» de cocaína, droga que él mismo preparaba al director general en bolsitas y que le entregaba según le fuera pidiendo.
Esta droga se compró, según ha declarado, con las ayudas públicas que recibió de su jefe, y su suministrador era el hijo del dueño de un restaurante de la Sierra Norte sevillana que también está siendo investigado por las ayudas, según han explicado fuentes próximas al caso.
