La dirección provincial de IULV-CA mantiene abierto el expediente informativo a los dos concejales de la federación de izquierdas en Almonte que apoyaron la investidura del candidato del PP, José Antonio Domínguez, desbancando así al exalcalde del PSOE, el senador Francisco Bella.
En rueda de prensa, el coordinador provincial de IULV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, ha explicado que el expediente sigue abierto a la espera de que la dirección tome una decisión al respecto.
De este modo, a preguntas de los periodistas se ha referido a la noticia publicada en las redes sociales estos días sobre el documento que desvela que IU exigió "una decena de medidas para la investidura de José Antonio Domínguez".
Jiménez ha remarcado que "no conoce" el citado documento, por lo que no ha podido referirse al mismo, a la par que ha indicado que no hay un tiempo máximo establecido para el expediente que se abrió a los ediles de manera que se abogó por ver la situación de Almonte y por que se restableciera la normalidad en el municipio.
En este sentido, ha recordado las relaciones de las direcciones del PSOE e IULV-CA en el momento de la investidura del alcalde char(39)popularchar(39), señalando que la dirección socialista en la localidad ha cambiado e IU ha retomado los contactos.
Asimismo, Jiménez ha sostenido que los asuntos desde el punto de vista judicial acontecidos en Almonte demuestran que "había razones más que fundadas" para los motivos que alegó el portavoz de IULV-CA en el Consistorio de Almonte, Daniel Martínez, para no apoyar la continuidad del PSOE al frente del Consistorio almonteño, pese a que la formación ganó las pasadas elecciones municipales.
Hay que recordar que, entre las exigencias de Izquierda Unida para llevar a la alcaldía al PP, destacan algunas como la petición de celebrar los plenos en horario de tarde, y el nombramiento de responsables en El Rocío y Matalascañas. En las medidas urgentes, IU exigió a los char(39)populareschar(39) una auditoría interna del Ayuntamiento, la creación de una bolsa de trabajo, privatizar la gestión del campo de golf, revisar los precios públicos y las tasas, así como los decretos de funcionarización del personal y bloquear cualquier manifestación o propuesta sobre la carretera Huelva-Cadiz.
