El Ayuntamiento de Cartaya ha abierto una investigación para determinar el paradero de 10 bicicletas que, con un coste de 3.000 euros y con cargo al Patronato Municipal de Deportes, adquirió en el año 2009 el entonces concejal de esta área y hoy portavoz del PSOE en el Consistorio, Alexis Landero.
Como primer paso, el Pleno del Ayuntamiento cartayero debatirá en la sesión del próximo viernes 29 de noviembre una moción de Alcaldía que propone interponer una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Ayamonte contra Landero con el fin de se investigue el destino que finalmente se le dio a los 3.000 euros que supuestamente se emplearon, según factura del 3 de julio de ese año, para la adquisición de material para juegos escolares del Bajo Guadiana, a la empresa Ciclos KM 0 de Aljaraque.
Según se detalla en la moción “este Ayuntamiento desconoce dónde se encuentra el citado material”, entre el que se encuentran 10 bicicletas y equipamiento relacionado con esta práctica deportiva, como cascos y bidones, sin que, asegura, “tengan constancia del mismo los trabajadores adscritos al Área de Deportes y Juventud del Consistorio y/o Patronato de Deportes” y sin que “tampoco figure en el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Cartaya, y así se desprende del Certificado de Secretaría de fecha 24 de septiembre de 2013”.
Por todo ello, explica la moción, “esta Alcaldía entiende que lo relatado pudiera ser constitutivo del presunto delito de malversación de caudales, fondos o efectos públicos y del presunto delito de falsedad en documento oficial”.
En base a ello, entiende el Consistorio que deben investigarse los hechos porque, según detalló el alcalde, Juan M. Polo, “existe la factura que indica el abono del material, pero presuntamente no tenemos constancia, a pesar de las investigaciones internas realizadas, de que ese material entrara alguna vez en el Ayuntamiento: nadie ha visto las bicicletas, ni están en el inventario municipal, ni hay rastro alguno de ellas, y consideramos que debe producirse la comprobación de los hechos porque se trata de dinero público y hay que justificar en qué se emplea”.
