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13
Feb
2012

Cartaya podría tener que indemnizar a un trabajador por cesión ilegal cuando Millán presidía el Ayuntamiento

CanalcostaTv | Aljaraque | 18:08 pm

La localidad de Cartaya podría verse obligada a pagar una indemnización superior a los 20.000 euros a un trabajador que, según el Ayuntamiento, ha sido víctima de una cesión ilegal por parte del anterior alcalde, Juan Antonio Millán.
Y es que, según ha asegurado su sucesor, Juan Polo, dicho trabajador estuvo la mayor parte del tiempo contratado por la Asociación de Apoyo a Trabajadores Temporeros y la Fundación de Trabajadores Extranjeros de Huelva, que sigue presidiendo Millán.
Sin embargo, el ex alcalde ha declarado ante el juez que el trabajador estuvo trabajando todo el tiempo, entre los años 2006 y 2011, para el Ayuntamiento y no solo unos meses.
Ahora, el Consistorio cartayero emprenderá acciones legales por considerar que ha habido cesión ilegal de un trabajador al que, según Polo, no es al pueblo de Cartaya al que le corresponde pagar la indemnización.
El Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, tras la declaración de Millán, indica que a este trabajador, desde junio de 2006 a junio de 2011, “se le destinó desde el primer momento, de manera permanente y no meramente coyuntural, a prestar servicios cuyo beneficiario exclusivo era el Ayuntamiento de Cartaya, utilizando el despacho y los medios materiales facilitados por este último”.
Como consecuencia de todo ello, la propia sentencia subraya que el trabajador nunca trabajó ni para las entidades para las que fue contratado, y establece que “aparte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas de tráfico ilícito de trabajadores, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades laborales y de Seguridad Social”.
El nuevo gobierno municipal se plantea la posibilidad de iniciar acciones penales ante la Fiscalía no sólo como consecuencia del “tráfico ilícito de trabajadores” que la propia sentencia señala, sino, además, “para que investigue la posible justificación fraudulenta de las subvenciones que hubieran podido percibir entre 2006 y 2011 las citadas entidades con nóminas ficticias correspondientes a este y a otros trabajadores que, en verdad, eran empleados municipales.

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