El abogado del ex viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el onubense Justo Mañas, ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de 7,2 millones de euros que le impuso la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares porque "no tuvo intervención alguna" en los hechos imputados y, muy al contrario, ordenó la apertura del primer procedimiento de información reservada al objeto de examinar los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla.
En el recurso elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla, el letrado del imputado señala que Justo Mañas fue viceconsejero de Empleo entre el 30 de marzo de 2010 y el 6 de mayo de 2012, por lo que la juez Mercedes Alaya "le atribuye la encomienda de gestión de forma absolutamente errónea", ya que dicha encomienda "se elaboró, acordó y consensuó antes" de su nombramiento.
Por ello, Mañas "no tuvo intervención alguna en todo ello, como tampoco pudo tenerla en la elaboración del presupuesto del año 2010, que obviamente se elabora y aprueba en el año 2009, mucho antes de su nombramiento, ni en la conformación de créditos o partidas concretas correspondientes a momentos temporales anteriores a su designación", según informó Europa Press.
Antes al contrario, dice el letrado, Justo Mañas dictó el 17 de noviembre de 2010 una resolución ordenando la apertura del primer procedimiento de información reservada a fin de examinar los ERE de 2003 y 2007 de Mercasevilla, tras lo que ordenó la apertura de nuevos procedimientos de información reservada relativos a expedientes de concesión de ayudas socilaborales a trabajadores incursos en procedimientos de despidos colectivos en los que existían pólizas de seguro de rentas aún vigentes.
De este modo, "se llegaron a verificar hasta 68 denominaciones sociales, con la emisión de informes de identificación de personas en las que incurrían posibles irregularidades, elaborados por los funcionarios actuantes a quien se dotó de los medios materiales y técnicos adecuados a tales fines", concluyendo las actuaciones el día 24 de marzo de 2011.
Asimismo, "se examinó toda la documentación" de los expedientes de regulación de empleo remitida por la Dirección General de Trabajo y por las delegaciones provinciales, así como la relativa a las ayudas sociolaborales y a las pólizas de seguros de renta.
LA INVESTIGACIÓN AFECTÓ A CASI 6.000 BENEFICIARIOS DE AYUDAS
Finalmente, añade el abogado de Justo Mañas, la investigación "afectó a un total de 5.982 personas beneficiarias de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, resultando 72 de ellas –un 1,2 por ciento– char(39)intrusoschar(39) o personas que habían trabajado en las empresas a las que se referían las pólizas", mientras que también se detectaron 111 personas –el 1,76 por ciento del total– en cuya situación "concurrían discordancias administrativas que habrían de aclararse".
El propio imputado dictó en febrero de 2011 la resolución "acordando suspender cautelarmente" el pago de las pólizas de los seguros colectivos de renta vigentes hasta que se procediese a comprobar si en los beneficiarios concurrían los requisitos legales exigidos.
El abogado explica que, tras los procedimientos que se siguieron por la Dirección General de Trabajo y en los que se detectaron algunas nuevas irregularidades en otras empresas, el total de situaciones personales "anómalas" ascendió hasta 335 a fecha 10 de marzo de 2012.
La juez entiende que Justo Mañas habría conocido la supuesta existencia de diversos informes que "ponían de manifiesto la caótica situación" de la Dirección General de Trabajo, pero el abogado niega "rotundamente" haber conocido tales informes y rechaza "de plano" que la también imputada María José Rofa "le expusiera nada" sobre esos documentos, tal y como señaló en una declaración ante la Guardia Civil en la que supuestamente aportó una documentación que, tras dos años, no ha sido aportada a las partes.
LA DECLARACIÓN DE MARÍA JOSÉ ROFA
"Salvo que por el Juzgado se conozca otro material de investigación al que esta parte no haya tenido acceso, lejos de existir indicios de que Justo Mañas conociera el contenido de tales informes, puesto que el único concurrente traería causa de la declaración de Rofa, se puede afirmar con rotundidad tras un objetivo examen de ésta que ni Mañas conocía tales informes, ni hay prueba alguna que alguien los pusiera en su conocimiento".
Al hilo, critica que "las severas" medidas cautelares impuestas al exviceconsejero de Empleo "se fundamenten en supuestos indicios (que ni siquiera lo son) obtenidos de diligencias policiales, como es la declaración de otra imputada que debería haberse realizado en sede judicial que además se mantuvieron largo tiempo sin incorporarse al procedimiento".
Tras criticar que "más grave sería que la instructora tuviera acceso a determinadas diligencias con exclusión de las partes personadas", el abogado de Mañas lamenta también que la juez Alaya "otorga una suerte de trato especial a Rofa, respecto de quien se acuerda no adoptar medidas cautelares en su contra con el sorprendente argumento de que char(39)debe valorarse positivamente la contribución que ha realizado para el esclarecimiento de los hechoschar(39)".
En definitiva, la actuación de Mañas fue "investigar lo sucedido, recabar informes jurídicos sobre el modo de proceder, impulsar la depuración de responsabilidades y mejorar los procedimientos, atendiendo a la proposición del Parlamento de Andalucía y coordinando las actuaciones impulsadas por el consejero".
El abogado asevera que, entre las competencias de Justo Mañas, "no se encontraban ni las presupuestarias, ni las de concesión de subvenciones, ni la de ordenar pagos, ni la de tramitación administrativa de expedientes".
