El entonces consejero de Hacienda de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes en los que desde Intervención se le advertía de graves presuntas irregularidades en el proceso de concesión de ayudas para los ERE fraudulentos que investiga actualmente la jueza Mercedes Alaya.
Esto ha venido a decir hoy el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, quien ha asegurado en su declaración ante la magistrada que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación a la concesión de dichas ayudas "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz.
Para Gómez, interventor de la Administración autonómica entre los años 2000 y 2010, "era impensable" que Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General, según informó Europa Press y recogen diversos digitales.
En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta.
De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
A Gómez, uno de los casi cien imputados en este caso, se le acusa de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
