La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado hoy que la Junta de Andalucía ponga trabas, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional, a la Ley de Costas impulsada por el Gobierno de España, “muy beneficiosa para el litoral andaluz, ya que hace compatible su conservación medioambiental y permite el ejercicio de una actividad económica sostenible, fundamental para el desarrollo y la creación de empleo en Andalucía”.
Para la delegada, este recurso es un “paso más en la estrategia de confrontación del gobierno andaluz que perjudica gravemente los intereses de todos andaluces”. De hecho, según ha indicado Crespo, “están en juego más de 30.000 empleos directos y un gran número de empleos indirectos en el litoral andaluz”.
Además, la delegada ha defendido las garantías medioambientales que ofrece Ley de Costas impulsada por el Gobierno de España asegurando que “blinda el litoral ante barbaridades urbanísticas con medidas como la cláusula anti-Algarrobico”, que permite a los delegados del Gobierno suspender de manera cautelar las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas. Además, “refuerza la protección de las playas vírgenes y prohíbe nuevas edificaciones”.
Del mismo modo, ha destacado que “ofrece seguridad jurídica a los propietarios de viviendas anteriores a 1988, que se encontraban en un limbo jurídico, y protege instalaciones industriales y turísticas que generan una gran actividad económica en Andalucía”. En concreto, permite preservar un total de 970 instalaciones industriales y turísticas en Andalucía, de ellas 863 restaurantes y chiringuitos y 109 hoteles, que facturan en torno a 350 millones de euros.
Por todo ello, Crespo considera que la Ley de Costas es “beneficiosa para el medioambiente y para el desarrollo económico, ya que no compromete la sostenibilidad del litoral y permite el uso de la costa para desarrollar actividad económica de manera responsable”. Por lo que pide a la Junta que “no siga poniendo piedras en el camino al desarrollo futuro de Andalucía sólo por intereses políticos”, ha concluido.
