El Partido Popular de Huelva ha asegurado este jueves que ha ganado la batalla judicial por el Palacete, tras la sentencia del TSJA que tumba el recurso de la Diputación Provincial de Huelva contra una anterior sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Huelva en la que se instaba a la Diputación a revisar de oficio el procedimiento de los contratos de alquiler del Hotel París tras alertar los populares de las graves irregularidades que se cometieron en este proceso.
Como ha destacado en rueda de prensa la viceportavoz del PP en la Diputación, Carmen Céspedes, “el PP ha ganado el pulso judicial por el palacete” ya que la Justicia “va a obligar a la Diputación a revisar de oficio este procedimiento después de que el PP se la planteara a la Diputación y el PSOE la desestimara en Junta de Gobierno, sin pasar por el pleno”.
“Entendíamos que había múltiples irregularidades en este procedimiento de alquiler, entre ellas la falta de informes del secretario y del interventor; la toma del acuerdo por parte de un órgano no competente como es la Junta de Gobierno, tanto por la cuantía como por la duración de los contratos, cuando debía haber sido el pleno quién acordara esta decisión; ni tampoco sabíamos a qué partidas se consignaban los gastos de nada más y nada menos que los 7 millones de euros que ha costado el palacete”, ha explicado Céspedes.
Igualmente, ha criticado que el PSOE considere un trámite este varapalo “cuando se trata de una sentencia que evidencia su nula transparencia”.
Por todo ello, el PP se vio obligado a recurrir a los tribunales cuando la Diputación se negó a examinar este procedimiento, como pedía el PP, y, por dos veces, la Justicia le ha dado la razón y condena en costas a la Diputación.
Ahora, la Justicia enmienda la plana a la Diputación y le obliga a admitir a trámite la revisión de oficio de este procedimiento, que podría carrera responsabilidades de diversa índole si se acreditan las irregularidades.
Como ha anunciado la popular, “vamos a llegar hasta el final en este proceso, porque no basta con haber cerrar el palacete y ha añadido que “queremos que se sepa cómo se ha gastado el dinero de los onubenses y no descartamos pedir responsabilidades políticas y de cualquier tipo en los juzgados en función de lo que se demuestre”.
En este sentido, ha agregado que “si no hubiera sido por el PP, y por su interés en esclarecer los oscuros contratos del palacete, el PSOE nunca se hubiera planteado el cierre, por tanto obtenemos las victorias judicial y moral”.
La viceportavoz popular, además, ha recordado que “desde el principio el PP fue el único que denunció este asunto, y hemos trabajado en solitario todos estos años hasta que la Justicia nos ha dado la razón”.
Asimismo, ha señalado que “la presión del PP ha conseguido que la Diputación se viera obligada a cerrar el 1 de junio este símbolo del derroche, y esto supone que los onubenses hayan dejado de pagar por este edificio 3.000 euros al día, y un total de algo más de 3 millones de euros
Igualmente, ha afirmado que “al menos paramos un derroche sin control ya que, en su momento, no pudimos evitar, porque el PSOE tenía la mayoría absoluta, que se dilapidarán los cuatro millones de euros que se han pagado hasta ahora, aunque hemos conseguido que se dejen de tirar a la basura otros 3 millones”
La dirigente del PP también ha manifestado que “este despilfarro no tenía ni pies ni cabeza y fue un capricho de la presidenta, Petronila Guerrero, y consentido por el actual presidente, Ignacio Caraballo” porque, como ha subrayado Céspedes, “no podemos olvidar que el actual presidente apoyó todos los contratos y que, como presidente del Patronato de Turismo, se ha servido de este edificio”.
Por último, Carmen Céspedes ha recalcado que “lo más importante es que, gracias al recurso del PP, todavía se puede conseguir la nulidad de los contratos si son ilegales, lo que quiere decir que habría que depurar responsabilidades entre aquellos que decidieron, de espaldas a todo el mundo, alquilar este monumento al despilfarro”.
