El Partido Popular ha puesto en marcha, sobre el terreno, la campaña ‘PSOE más IU, un año sin nada’, con la que la formación popular denunciará y propondrá iniciativas contra los incumplimientos de la Junta de Andalucía con la provincia de Huelva. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha arrancado esta iniciativa denunciado, in situ, la paralización de las obras del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) de la Costa Occidental, cuyas obras están paralizadas desde hace años, lo que mantiene a más de 150.000 personas sin la dotación sanitaria prometida por la Junta en 2005.
Como ha destacado González, “la provincia de Huelva lleva desde el año 2005 a la espera de que se pongan en funcionamiento los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de Especialidades que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía prometió para la Costa Occidental, la Sierra y el Condado, que respondían al compromiso de la Junta de que ningún andaluz estuviera a más de 30 minutos de un hospital”
Los populares han lamentado que “no sólo no se ha finalizado esta infraestructura en la pasada legislatura, como prometió la Junta, sino que llevamos ya un año de gobierno del bipartito radical y seguimos sin nada, sin CHARE de la Costa, cuya primera piedra se puso en 2008, sin CHARE de la Sierra, paralizado en noviembre de 2010 al 40 por ciento de ejecución y sin CHARE del Condado, cuyas obras ni siquiera han comenzado”.
El presidente del PP ha señalado que el abandono del CHARE de la Costa, al 80 por ciento de ejecución, “es el síntoma más evidente del fracaso y el abandono de la política sanitaria del PSOE y de IU, que mantienen a más de 150.000 personas sin un centro hospitalario de referencia en su comarca, y con una población que se duplica en los meses de verano”.
El también alcalde de Lepe ha afirmado que el Ayuntamiento ha cumplido con su parte del convenio para la construcción del hospital, “en el que se recogía el compromiso por parte del Consistorio de asumir el suministro de agua, energía eléctrica y evacuación de aguas residuales, para lo que año tras año hemos recogido partidas presupuestarias”.
Sin embargo, “la Junta no cumple con su parte y mantiene este hospital sin terminar, y totalmente abandonado”. Así, González ha añadido que “tras varios anuncios para la apertura del CHARE de Lepe por parte de la Consejería de Salud, la realidad es que las obras están en punto muerto, con un retraso de varios años y privando a los ciudadanos de la Costa Occidental de Huelva de una infraestructura sanitaria vital para la comarca”.
Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular presentará una iniciativa parlamentaria, a la que se unirán mociones en los ayuntamientos de la comarca y en la Diputación, “para que la Junta cumpla los compromisos adquiridos con los onubenses para la prestación de una atención sanitaria de calidad en el CHARE de la Costa Occidental de Huelva”.
Así, se exigirá que el Gobierno andaluz “retome con urgencia las obras para la finalización del CHARE de la Costa Occidental, completando los accesos del mismo y el equipamiento, con la intención de poner en funcionamiento esta infraestructura sanitaria que daría atención a más de 150.000 personas”.
En relación con este acto, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, ha instado al alcalde de Lepe y presidente provincial del PP a que, en lugar de organizar actos electoralistas y buscar hacerse la foto, “trabaje por los ciudadanos y cumpla de una vez el compromiso que adquirió en el convenio suscrito con el Servicio Andaluz de Salud de asumir la urbanización de la zona donde se encuentra el centro hospitalario y construir los accesos al mismo”.
“De hecho –añadió-, mientras que la Junta ha ejecutado más del 90% de las obras, el Ayuntamiento de Lepe sigue sin hacer nada de la actuación que le corresponde, pudiéndose dar la paradoja de que las instalaciones estén completadas y se encuentren totalmente aisladas y sin posibilidad de funcionamiento por la indiferencia del Consistorio lepero”.
La Junta también muestra su “sorpresa” ante la exigencia del PP hacia estas obras y su necesidad para la comarca, “cuando desde el principio sus dirigentes sólo pusieron trabas al proyecto y prefirieron apostar por el con-cierto de un hospital privado en lugar de por este centro público que siempre defendió la administración andaluza. A esto se suma además que incluso finalmente los terrenos para la construcción del CHARE tuvieron que ser cedidos por la propia Consejería de Agricultura, dados los impedimentos que conllevaban los ofertados por el Ayuntamiento de Lepe, una muestra más de su desprecio”.
Por ello, “este acto –dice la Junta- sólo es un intento más del PP de desprestigiar y ata-car al sistema sanitario andaluz, olvidándose por el contrario del auténtico desmantelamiento del Estado del Bienestar y la sanidad pública que están llevando el Gobierno central y el partido al unísono en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna”.
A este respecto, agregó que “el PP de Huelva parece olvidarse de las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy, entre las que destacan la exclusión de los inmigrantes irregula-res del acceso al derecho a la sanidad, la retirada de cientos de fármacos de la financiación pública, la aprobación del copago farmacéutico para los jubilados o la introducción también del pago de los ciudadanos en el transporte sanita-rio no urgente, los productos dietoterápicos y los medicamentos de dispensación hospitalaria, o incluso que también tengan que hacerlo en el futuro por beneficiarse de prestaciones como la detección precoz de determinadas enfermedades o la fecundación in vitro, con el consiguiente castigo a la población con menos posibilidades económicas”.
“A diferencia de estas actuaciones –concluyó-, que vulneran varios artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Junta va a seguir apostando por el mantenimiento de la cartera de servicios del sistema socio-sanitario y la defensa del empleo público, a pesar de los despidos que pretendía el Gobierno central con la aplicación del decreto de aumento de la jornada semanal a 37,5 horas”.
