El PSOE ha pedido al Gobierno que rechace la modificación de la Política Pesquera Común e inste a la retirada del documento inicial porque de llevarse a cabo “supondría la destrucción de 600 empresas pesqueras en el Golfo de Cádiz y de 2.500 puestos de trabajo”.
El secretario general de los socialistas onubenses y presidente-portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que la PPC “se está negociando con un ocultismo y una falta de transparencia que no entendemos”.
Tras mantener una reunión con los representantes de las asociaciones de armadores de la provincia, Jiménez destacó que tanto el sector como el Partido Socialista “estamos muy preocupados por la incidencia que está teniendo el abandono de las políticas pesqueras por parte del Gobierno del PP”. Según el socialista, “las políticas pesqueras han desparecido de la agenda del Gobierno de España”.
De este modo, el portavoz socialista advirtió de que “está en juego el futuro de muchas familias porque los primeros planteamientos son una destrucción total de la flota artesanal con una supuesta política verde que va a tener el efecto contrario, ya que se le va a entregar a las grandes empresas los derechos pesqueros en el Golfo de Cádiz”, lo que conllevará, según Jiménez, “la desaparición de esta flota artesanal compuesta por marineros y empresarios de nuestra tierra”.
Mario Jiménez explicó que “el sector se reunió hace varias semanas con el secretario general de Pesca y aún no tienen respuesta, por lo que nos tememos lo peor”. Por ello. El dirigente del PSOE le ha pedido al Gobierno central “que convoque de manera inmediata al sector y dé cuenta en el Congreso de la situación de la PPC”.
ELIMINACIÓN DE AYUDAS
Por otro lado, Jiménez denunció que el Gobierno del PP “ha decidido eliminar” las ayudas de ‘minimis’ al sector pesquero, que con un máximo de 30.000 euros por empresa contribuían a paliar los efectos negativos del intenso incremento de los costes, sobre todo con la subida del gasóleo. En esta línea, el socialista remarcó “que estas ayudas se pusieron en marcha en 2004 y ahora el Gobierno ni siquiera las ha convocado”.
“Eso va a significar –subrayó- el cierre de muchas empresas y la destrucción de empleo”. Así, Mario Jiménez instó al Gobierno de España “a dar marcha atrás en esta decisión y a garantizar fórmulas que compensen el intenso incremento de los costes de la actividad que se ha producido”.
