El PSOE de Huelva ha instado al Gobierno central a que permita que los barcos de cerco salgan a faenar mientras se negocia la nueva ordenación. Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general del PSOE provincial, Ignacio Caraballo, en el transcurso de un encuentro con los presidentes de las cofradías y de los armadores de Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe y también de Sanlúcar de Barrameda, población gaditana afectada por el mismo problema, la prohibición de la pesca del boquerón impuesta por el Gobierno del PP en Madrid.
Para Ignacio Caraballo, “resulta doloroso que el sector pesquero de la provincia se encuentre otra vez afectado por el cierre continuado del caladero del boquerón”, después de dos meses de parada biológica, un sector que cuenta con unos 70 barcos en la provincia y del que dependen unas 500 familias onubenses, “obligadas por la inoperancia del Gobierno central –recalcó- a estar en una situación de paro y desamparo cuando existe la posibilidad de que salgan a faenar”.
El sector del cerco, cuyos barcos se encuentran amarrados en señal de protesta, es estratégico para la provincia –recalcó el máximo representante de los socialistas onubenses- y “está sufriendo, una vez más, la incompetencia y la ineficacia de un Gobierno que no mira por los motores económicos importantes de Huelva”.
Así, el dirigente socialista insistió en que “el Gobierno de Rajoy toma decisiones que castigan a los sectores económicos de nuestra provincia y que propician la destrucción del empleo”. Por ello, “necesitamos un Gobierno precavido y que se adelante a los problemas que puedan surgir en sectores esenciales en nuestra provincia y no un Gobierno que ponga trabas a los que quieren y pueden trabajar”.
“En este momento, la decisión de prohibir la pesca del boquerón está causando en el sector del cerco importantes pérdidas y atrasos en la comercialización del producto, ya que si no se llega a tiempo a los mercados corremos el riesgo de que entre el boquerón de países terceros”, manifestó Caraballo. En este sentido habló la alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca, quien recalcó que “es muy poco serio, porque llevamos un año esperando la decisión de las cuotas de pesca. No se entiende que continuamente se dilate el tiempo, por lo mal que lo pasan las familias y porque nuestros pueblos viven de frente a la mar, no de espaldas. Hay una iniciativa empresarial que ya está consensuada en cuanto a la captura y la venta del boquerón, con los acuerdos comerciales cerrados. Ante esto, los pueblos no nos vamos a quedar callados”.
Por ello, “nos sumamos a la petición del sector de instaurar un reparto de cuota lineal por puestos asignando a cada embarcación el mismo porcentaje en la captura del boquerón”. Del mismo modo, Caraballo apoyó la decisión del sector de pedir los porcentajes por puerto para que los responsables de cada puerto puedan gestionar la cuota global, algo a lo que se opone Barbate frente a la postura del resto: Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda.
El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, presente en el encuentro, ha querido dar la cara por sus pescadores, señalando la penalidad que supone para las familias puntaumbrieñas que dependen de esta arte de pesca semejante decisión del Gobierno de Rajoy: “Se van a encontrar con una respuesta contundente de los pueblos, porque vivimos de la pesca, el medio de vida de muchos vecinos de mi pueblo es este sector”.
Por último, el secretario general del PSOE subrayó que lo prioritario es “la viabilidad, ya que el futuro de muchas lonjas dependen de que haya productos”. Por tanto, hay empresas pesqueras en “peligro” que, a su vez, abastecen a otras más pequeñas que de forma indirecta viven de esto, como los pescaderos, los rederos (oficio artesanal), los restaurantes y bares, y los transportistas de los productos.
