El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, ha negado que haya dado trato de favor en la obtención de la licencia municipal de apertura al club de alterne ‘Número 1’, que es investigado judicialmente dentro de una macrooperación que se llevó a cabo semanas atrás en varias provincias andaluzas para desmantelar una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres.
El primer edil ha asegurado que la empresa que abrió dicho establecimiento fue apercibida en su día y la obtención de la citada licencia tardó ocho meses
De igual modo, el alcalde ayamontino ha lamentado el “juicio paralelo” que existe en este caso e insistió en que ni está imputado en la causa ni ha sido llamado a declarar.
Sobre las informaciones periodísticas que apuntan que la red pudo contratar personal en el burdel a instancias del munícipe ayamontino, éste asegura que envía currículos laborales de personas en situación de desempleo a cualquier empresa porque, según subrayó, “la gente está desesperada” ante la falta de trabajo.
El alcalde insiste en que nada tiene que ver con este asunto, al tiempo que lamenta la “persecución” del PP hacia su persona.
Entre los detenidos dentro de la citada operación se encontraron semanas atrás el ex edil del PSOE, Carlos Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio ayamontino, Javier González, que ejerció como abogado del citado prostíbulo.
Los detenidos en esta operación, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, están imputados en distinto grado en alguno o varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, explotación sexual, tráfico de influencias, cohecho y trata de seres humanos.
El alcalde de Ayamonte niega que haya dado trato de favor al club de alterne
