El alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, ha celebrado este martes el archivo firme y definitivo por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte de la causa de las supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en el núcleo costero ayamontino de Isla Canela, por las que fueron imputados el propio alcalde y su antecesor en el cargo, el también socialista Rafael González, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, contra la administración pública y cohecho, así como siete personas más, entre concejales, técnicos, promotores y constructores, por unas presuntas construcciones en zonas verdes.
En rueda de prensa, el primer edil ayamontino ha recordado, a través de un vídeo de la sesión plenaria del mes de septiembre de 2008, que el portavoz del PP en el Ayuntamiento ayamontino, Alberto Fernández, se comprometía a presentar su dimisión si finalmente archivaban el citado caso judicial, un compromiso que ha pedido Rodríguez Castillo que "lo cumpla y que dimita, ya que la credibilidad de un político radica en cumplir lo que dice a los ciudadanos", ha añadido.
En esta línea, ha recordado que tras este pleno el PP presentó un escrito a la Fiscalía Provincial, junto a Ecologistas en Acción, que finalmente fue archivado, por lo que el alcalde de Ayamonte le pidió en aquellas fechas la dimisión del portavoz popular, el cual, según ha recordado el primer edil, "se excusó" en que el archivo de la causa lo tenía que decretar un juez.
También el alcalde ayamontino ha recordado que en febrero de 2011 se produce un auto judicial de entrada de registro en el Ayuntamiento, "lo cual fue muy dañino para el buen nombre de Ayamonte", y meses más tarde pasan a declarar como imputados ante un juez, algo, remarca, "muy duro para nuestras familias y allegados".
Sin embargo ahora, según ha insistido Rodríguez, "todos estamos limpios de polvo y paja, por lo que gritamos nuestra inocencia y el buen nombre de Ayamonte, que ha sido comparado con Sicilia y Marbella, con todos los respetos a estos ciudadanos".
Por todo ello, reivindica "el buen nombre" de todos estas personas que estuvieron imputadas y el suyo propio, así como el del municipio, y ha insistido en pedir a Alberto Fernández que "dimita porque ya se ha pronunciado un juez, la Fiscalía y la Junta de Andalucía", por lo que asegura que al PP de Huelva "le queda enseñarle la puerta de atrás para que Fernández se retire de la vida pública", una situación que "no restauraría las heridas personales causadas, pero que dotaría a la clase política de la credibilidad que debe tener".
No obstante, ha señalado que cree que el portavoz popular "no va a presentar su dimisión, a pesar de que las coartadas se le han acabado", indicando además que "uno es preso de sus palabras y dueño de su silencio y tiene que ser coherente con lo que dijo".
El caso se remonta a cuatro años atrás después de que el procedimiento se iniciara a raíz de una exhaustiva investigación por parte del Seprona tras una denuncia anónima, sin embargo, en el auto de archivo del juez, éste considera que los estudios de detalles –realizado por técnicos del Ayuntamiento con el objeto de adaptar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la realidad física siguiendo los parámetros de diseño de la Ordenanza Municipal de Urbanización–, "se hicieron ajustándose a la ley y sin modificar los usos con incumplimiento del Plan General de actuación ni aumentando la edificabilidad, ni reduciendo las zonas verdes de Isla Canela, ya que se llevó a cabo su redistribución".
