El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ‘desenmascara’ el supuesto informe jurídico al que alude algún medio de comunicación contra los municipios que decidieron abandonar la Mancomunidad de Servicios (MAS) y por tanto la empresa pública Giahsa. Y es que dicho documento es únicamente la “opinión jurídica” de los abogados que trabajan para ambas entidades, por lo que “resulta evidente que carece de la mínima objetividad”.
En una nota enviada a esta Redacción y que firma el alcalde, Juan Carlos Duarte, se asegura que “las resoluciones adoptadas por los distintos municipios se producen con los preceptivos informes jurídicos y económicos de los servicios técnicos de cada Ayuntamiento, habiéndose cumplido con los trámites legalmente establecidos, y gozan de la presunción de legalidad y eficacia”.
A este respecto, añade que el control de legalidad de estas resoluciones corresponde únicamente a los jueces y Tribunales del orden contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 106 de la Constitución.
En consecuencia, “mientras no se resuelvan definitivamente los recursos contencioso-administrativos, la opinión de un abogado no es más que eso: no constituye aval alguno para sostener la ilegalidad del proceso seguido por los Ayuntamientos afectados que, precisamente por cumplir escrupulosamente la legalidad y contar con todos los informes jurídicos de sus servicios municipales, gozan de la presunción de legalidad y eficacia”.
Duarte recuerda que los ayuntamientos que han decidido abandonar la Mancomunidad no son todos del PP: los hay de Izquierda Unida (que co gobernaba con el PP cuando se produjo la marcha), como Bollullos Par del Condado; independientes, como Cartaya; o en coalición con el Partido Andalucista, como San Juan del Puerto (cuando decidió separarse de la Mancomunidad y abandonar GIAHSA).
En relación a la información aparecida en El Periódico de Huelva, explica que la denominada “privatización del servicio del agua” es “incorrecta y esconde un prejuicio ideológico o de valor que no se corresponde con la realidad jurídica”.
Según explicó, se trata únicamente de prestar indirectamente el servicio público que continúa siendo de titularidad del Municipio, sin que eso suponga su transferencia a la actividad económica privada y, menos aún, que el servicio quede “liberalizado” pues el Ayuntamiento continúa controlando el propio servicio y especialmente la potestad tarifaria. Es más, “ahora controla más intensamente la prestación del servicio habiéndose además obtenido la bajada del precio del agua en un 5 % sobre las tarifas de GIAHSA”.
De igual modo, añade que ha sido la propia GIAHSA la que ha “privatizado” parcialmente sus servicios de depuración de las aguas residuales, otorgando en fechas recientes el contrato (al margen de las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público) a Aguas de Valencia, entidad participada por la sociedad Suez Environnement España sl., empresa matriz del grupo Aquagest, sin que ello haya merecido el menor de los reproches, incluido el autor de la noticia.
“Asimismo, -precisó- GIAHSA acaba de plantear la privatización total de los servicios encomendados por los Ayuntamientos, incluido el abastecimiento y alcantarillado, sin que esta noticia haya merecido el menor comentario”.
En consecuencia, “no se entiende bien por qué es mala la gestión indirecta del servicio del agua (ciclo integral) cuando lo realizan los municipios titulares de la competencia, de acuerdo con la legislación vigente, y en cambio no lo es cuando es GIAHSA quien lo practica”.
Y concluye la nota asegurando que la verdadera razón del abandono de la Mancomunidad y de GIAHSA “hay que buscarla no en cuestiones partidarias o ideológicas, sino en el gravísimo incumplimiento de los compromisos adquiridos por GIAHSA y la mancomunidad que han obligado a los Ayuntamientos afectados a separarse de una mancomunidad que no defiende sus intereses y los condena a la miseria”.
El ‘informe jurídico’ contra los municipios que abandonaron Giahsa fue realizado por abogados que trabajan para esa empresa
