El Área de la Mujer de Izquierda Unida en Huelva ha denunciado que la exclusión de anticonceptivos orales de la financiación pública por parte del Ministerio de Sanidad, a partir del mes de diciembre de este año, medida que se ha comunicado a través de una circular a las farmacias, y publicada en las actualizaciones mensuales del Ministerio de Sanidad, supone un “ataque al Derecho a la Salud de las Mujeres”.
Izquierda Unida advierte que esta medida supone una “mayor dificultad a la hora de acceder a estos medicamentos puesto que supondrá un desembolso económico importante que muchas mujeres no se podrán permitir al tener que pagar íntegramente por los mismos. Además suele ser habitual que cuando se adoptan estas medidas el precio de los medicamentos se incrementen”.
La responsable provincial del citado área en Huelva, Charo González -en la foto-, señala que “en plena ofensiva del Gobierno del Partido Popular de ataque sistemático a los derechos más elementales de las mujeres, la salud tampoco se libra, así como el derecho de las mujeres a vivir su sexualidad libremente”.
El Área de la Mujer de Izquierda Unida mantiene una “defensa plena” de los derechos reproductivos, sexuales y a la Salud de las mujeres y se manifiesta contra cualquier ataque a los mismos, exigiendo una rectificación al Ministerio de Sanidad y la inclusión de nuevo de los anticonceptivos, en la lista de medicamentos financiables por la Seguridad Social.
Con esta medida, una vez más el Gobierno del Partido Popular manifiesta su hipocresía, al por una parte “demonizar” la Interrupción Voluntaria del Embarazo y, por la otra, dificultar el acceso a medios anticonceptivos y, en consecuencia, fomentar la posibilidad de embarazos no deseados.
Por otra parte, el Área de la Mujer de Izquierda Unida también ha denunciado la inseguridad a las que nos está llevando el Gobierno del Partido Popular al anunciar el retraso “sine die” de la reforma regresiva del Aborto. Es de una irresponsabilidad política total el “jugar” de esta manera con un tema tan serio como es el derecho de las mujeres a decidir.
En todo caso, Izquierda Unida exige que cualquier reforma que se haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres podamos decidir en cualquier momento sobre si queremos o no ser madres, sin plazos ni paternalismos.
No obstante la decisión de aplazamiento, que entre otras cosas también obedece a la presión social que existe contra la modificación restrictiva de la Ley actual, no debe hacernos “bajar la guardia” sino todo lo contrario estar permanentemente alertas y con lo que parece más inmediato en el tiempo, como es la anunciada reforma del Código Penal en lo que afecte a este asunto, exigiendo igualmente la derogación de los artículos que aún "criminalizan" la práctica del aborto.
