La Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Guardia Civil, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autónomas, viene desarrollando una importante labor en lucha contra el fraude a la Seguridad Social en materia de Sanidad.
Como resultado de estas iniciativas, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, junto al Servicio de Inspección de Farmacia de Huelva y Sevilla de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han conseguido en el marco de la denominada Operación “Felicia”, el desmantelamiento de una red delincuencial que se dedicaba al hurto y falsificación de recetas médicas para posteriormente estafar a la Seguridad Social.
En el desarrollo de esta investigación que se inició en junio del pasado año 2012, se ha procedido a la detención de 13 personas y a la imputación de otras tres, y ha tenido como ámbito principal de actuación las provincias de Huelva y Sevilla. Entre los detenidos se encuentran dos médicos, una farmacéutica y diez visitadores médicos. Los imputados son un visitador médico y dos farmacéuticos.
Los delitos que se le imputan a los integrantes de esta red son los siguientes: Hurto continuado de recetas y sellos médicos, receptación de recetas con conocimiento de su ilícita procedencia, falsedad en documento público, denuncia falsa, estafa al Servicio Andaluz de Salud, usurpación de estado civil, y delito de cohecho.
La investigación se inició después de que se recibiera en el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ayamonte, un escrito dimanante del Juzgado de Instrucción 1 de esa localidad, en el que se requería la actuación de los agentes para verificar los extremos de una denuncia presentada por un médico, quien manifestó que le habían sido sustraídos siete talonarios de recetas del centro de salud de Punta del Moral.
Esto motivó que los agentes encargados de la investigación, se dispusieran a averiguar el destino de estas recetas, así como el posible recorrido de dichos talonarios.
En estas investigaciones, los guardias civiles se encontraron con que el Servicio de Inspección de Farmacia ya había iniciado unas pesquisas en este sentido, por lo que se decidió aunar fuerzas para llegar al fondo del asunto.
Fue en estos primeros movimientos en los que los agentes comprobaron que no se trataba sólo de siete talonarios sino que la presunta estafa y la red que la estaba llevando a cabo, pudiera ser aún más profunda.
Las recetas que fueron analizadas por los agentes de la Guardia Civil, a través de las copias y registros obrantes en la Consejería de Salud, presentaban las siguientes características comunes:
Las recetas sustraídas habían sido posteriormente utilizadas para la obtención de medicamentos de precios elevados. A pesar de que los datos de los pacientes, generalmente jubilados, eran reales, éstos negaron haber recibidos tales medicinas. En otras ocasiones los pacientes habían fallecido con anterioridad a la expedición de la recetas. Tampoco constaban en las historias clínicas de los pacientes el que les hubieran recetado esos medicamentos. Los datos de los médicos también eran reales, pero éstos negaron igualmente haber extendido las mismas. Las firmas no fueron reconocidas por los doctores y los sellos, que aunque similares, no eran los suyos.
Después de estas verificaciones, los agentes llegaron hasta el Centro de Salud de Punta del Moral, pues la mayoría de las recetas habían sido selladas y extendidas en este centro, a pesar de que ni los médicos ni los pacientes hubieran estado nunca en dicho Centro.
Allí, se centró la investigación sobre uno de los médicos, quien previamente había denunciado la sustracción de diversos talonarios, y del que se sospechaba que pudiera ser autor de una denuncia falsa. De igual manera, el análisis de la documentación que fue entregada por la Inspección de Farmacia, condujo hasta una farmacia de esta Capital, donde una adjunta que había trabajado en la misma, había expedido medicamentos a través de estas recetas sustraídas. El día 19 de febrero del año actual, se procedió a la detención de esta farmacéutica como presunta autora de los delitos de receptación, falsedad documental y estafa.
La detenida, que a pesar de sospechar que las recetas eran fraudulentas, las expendió, manifestando que éstas eran portadas por representantes de laboratorios farmacéuticos, con la sola intención de aumentar los ratios de venta de determinados productos. La farmacéutica rellenaba los datos de los pacientes con la información que le aportaba el visitador.
Comprobado este extremo, se detectó otra partida de 125 recetas que bajo fórmula similar habían sido expendidas para la venta de un determinado producto farmacéutico en las provincias de Huelva y Sevilla, lo cual condujo a la detención del visitador médico como presunto autor de los delitos de receptación, falsedad documental, cohecho y estafa.
Esta detención condujo hasta el médico de Punta del Moral, presunto “conseguidor” de las recetas, quien fue detenido en el centro de salud de Cartaya, como presunto autor de los delitos de hurto, cohecho, falsedad documental, simulación de delito y estafa a la seguridad social. De igual modo, y previa autorización judicial, se realizó un registro domiciliario donde se obtuvo abundante documentación, que pasó a ser analizada por los agentes de la Guardia Civil.
Con este puntal de la investigación afirmado, se averiguó la implicación de otros cinco visitadores médicos en esta trama, por lo que se implementaron los esfuerzos para abarcar a toda la red, que finalmente ha sido desmantelada con sucesivas detenciones llevadas a cabo en las provincias de Huelva y Sevilla, donde se detuvo a otro médico y se ha imputado a tres farmacéuticos de Sevilla.
Se pudo comprobar que incluso se llegaron a encargar sellos de caucho con los datos de los profesionales médicos, a los que se suplantaba para elaborar las recetas.
Una vez culminadas las metas principales de la investigación, ha resultado que el fin último era, como se ha citado, incrementar los ratios de venta de determinados medicamentos para influir artificialmente en el mercado farmacéutico, viciando el sistema.
Los doctores implicados, al parecer habían accedido a estas actividades a cambio de invitaciones a viajes, comida, pequeños regalo e incluso dinero en efectivo.
De todo lo expuesto se desprende que con esta actuación, se ha logrado desmantelar un grupo de profesionales que estaban ocasionando un perjuicio gravísimo al Servicio Andaluz de Salud, utilizando además los datos de personas jubiladas como responsables de la adquisición de productos farmacéuticos de elevado precio, con la sola intención de inflar sus datos de mercado. En sólo diez meses han ocasionado perjuicios al SAS superiores a los 300.000€.
Este servicio, inédito hasta el momento en nuestro país, representa una de las primeras iniciativas que la Guardia Civil está desarrollando en este ámbito y con el que se ha evitado que se siga produciendo un perjuicio grave para la Seguridad Social, quien en definitiva era la auténtica pagadora final de las actividades de estas personas.
