La deuda que mantiene la Junta con las empresas proveedoras de productos farmacéuticos y de tecnología sanitaria alcanza ya los 800 millones de euros, según la cifra hecha pública recientemente por el PP a partir de datos de los proveedores hospitalarios Fenin y Farmaindustria. Este hecho no solo supone un quebranto para los balances de estas empresas, especialmente para las pymes que surten de suministros a los hospitales, sino que puede complicar la atención a los pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según señalan fuentes hospitalarias.
Desde la Consejería de Salud se resta importancia a esta demora en los pagos a proveedores, que se justifica en un contexto de crisis, aunque lo cierto es que Andalucía está por encima del plazo medio de abono de facturas a la industria farmacéutica, 282 días frente a 261. Hay casos, según denuncian proveedores, que los impagos de facturas se remontan a un año atrás. Como señala un proveedor que prefiere mantenerse en el anonimato, «este año he podido cobrar unos 60.000 euros de los más de 450.000 que me deben en Andalucía», según informó ABC.
Ante esta situación, la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció días atrás que el abono de las facturas a las empresas que trabajan con el SAS se realizará mediante el recurso al plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda, que preside Cristóbal Montoro. Esta modalidad de pago a la que pueden acogerse administraciones públicas, como la Junta de Andalucía, permitirá a esta hacer frente a las obligaciones que fuesen líquidas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo de este año.
La Junta está previsto que presente al plan facturas por valor de unos 2.500 millones de euros, aunque las empresas proveedoras del SAS, al igual que el resto de acreedoras, solo podrán cobrar en su segunda fase, que se cierra en septiembre, por lo que no se espera que se inicie el abono de aquellas hasta el último trimestre del año. De esta forma, Salud coloca en el tejado del Gobierno el pago de su deuda a proveedores. Hay que recordar que el pasado año, la Junta se acogió a este plan y presentó facturas por valor de unos 2.700 millones de euros.
