El personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos, entidades dependientes y órganos constitucionales que se encuentre en situación de incapacidad temporal por enfermedad, a partir de ahora sólo cobrará el 50 por ciento de sus retribuciones durante los tres primeros días de baja, según ha denunciado el CSI-F.
Esta a medida, incluida en el decreto de recortes 20/2012, ha empezado a aplicarse desde este lunes, tal y como establece la disposición adicional decimoquinta del citado Real Decreto, y su aplicación junto al resto de medidas se concretará en una instrucción que publicarán con carácter inminente las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos.
Igualmente, desde el día cuarto hasta el vigésimo de la baja laboral del empleado público, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, en ningún caso podrá superar el 75 por ciento de las retribuciones.
“Se trata de una medida injusta y arbitraria, porque parte del prejuicio erróneo de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado y les penaliza por el hecho de caer enfermos. Además, tendrá un efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado”, destaca el sindicato.
Ante esta situación, CSI-F ha presentado al Gobierno una serie de alegaciones para que al colectivo de pacientes en tratamientos, crónicos, como enfermedades cardiovasculares, no se les aplique, de manera excepcional esta disposición, dado que el tratamiento y las revisiones periódicas supondrían una penalización económica al enfermo por el hecho de serlo, y además de por vida, incluso en los casos en los que la cardiopatía se haya producido por accidente laboral.
Gracias a las presiones de los sindicatos, las retribuciones no serán objeto de minoración cuando la incapacidad temporal implique intervención quirúrgica u hospitalización, tratamiento de radioterapia y quimioterapia o la empleada pública se encuentre en estado de gestación.
Los empleados públicos que se cojan la baja por enfermedad solo cobrarán el 50 por ciento de su sueldo a partir desde ahora, según denuncia el CSI-F
