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Los pescadores y armadores de Isla Cristina denuncian, al igual que lo están haciendo en otros puertos andaluces y después de agotar todas las vías a través de las federacones y Cofradías, de la Consejería de Agricultura y Pesca y ante la negativa de la Consejería de Obras Públicas a solucionar este problema que según su nota de prensa, está haciendo mucho daño a los pescadores andaluces.
Ante esta situacón se ven obligados a denunciar publicamente a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, perteneciente a la Consejaría de Obras Públicas de la Junta del trato discriminatorio hacia los pescadores que descargan sus productos en las lonjas andaluzas cobrándole una tarifa G-4 del 2% de la venta bruta desembarcada. Por lo contario, los puertos de interés general del estado solo cobran por este concepto un 1% y, según su declaraciones, otras comunidades autónomas solo el 0,4%.
Los afectados se preguntan que como es posible que en Andalucía, dependiendo si el puerto pertenece al estado o a la Junta de Andalucía, el pescador pague el doble de tarifa repercutiendo este en el valor de su pescado y de pagar el doble sin que se tenga ningún servicio portuario (grúas, vigilancia, seguridad ni tan siquiera medios contra un posible accidente en el puerto) y ocurran robos a diarios en los barcos pesqueros.
