La empresa Vázquez Delgado SL, que lleva a cabo una auditoría sobre la gestión urbanística en Ayamonte, ha pedido más tiempo para concluir su trabajo debido a la abundante documentación existente.
Por ello, la comisión de seguimiento creada deberá estudiar dicha petición, ya que, en principio, la ejecución de dicha investigación tendría que concluir a finales del mes en curso.
El Ayuntamiento de Ayamonte firmó el preceptivo contrato para esta auditoría el pasado mes de mayo con dicha empresa, que puso a disposición de este cometido dos arquitectos y dos asesores urbanísticos.
De esta forma, se atendía la petición de los grupos de la oposición que, ya en la pasada legislatura, pidieron la puesta en marcha de una investigación que esclareciese si se habían cometido errores e ilegalidades en el desarrollo urbanístico de esta ciudad durante los últimos 15 años.
Para dicha auditoría se dio un plazo de cuatro meses y estaba previsto que concluyese con un documento de conclusiones que pasará a formar parte del futuro Plan General de Ordenación Urbanística, que comenzará su recorrido administrativo a partir de ese momento.
Dicho trabajo tendrá un coste económico para las arcas municipales de 30.000 euros.
La auditoría llega después de que un juzgado de Ayamonte haya archivado el caso de presuntas irregularidades en Isla Canela, en el que estaban imputados tanto el actual alcalde, Antonio Rodríguez Castillo, como su antecesor, el también socialista Rafael González.