El Tribunal Supremo ha estimando el recurso de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y del Ayuntamiento de Bollullos, revocando la sentencia que condenaba por despido improcedente de un trabajador a estas dos entidades por el rescate del servicio de basura y que absolvía a Giahsa.
La importancia radica en que es la primera dictada por el Tribunal Supremo y en unificación de doctrina, y por tanto, expresa el criterio a aplicar por el Alto Tribunal al resto de recursos presentados por los mismos contra las distintas sentencias dictadas por el TSJA, según informó HuelvaYA.es.
Hasta el momento había sentencias del TSJA por los mismos hechos en sentido contrario. Unas daban la razón a Giahsa y otras a los ayuntamientos (Lepe, Bollullos, Moguer, La Palma del Condado) y Aqualia y FCC tras la salida de la MAS de los citados consistorios.
Con esta sentencia, Giahsa será la responsable por despido improcedente de los trabajadores desdepidos con motivo del rescate de los servicios de basura y agua por los distintos ayuntamientos citados, y por tanto tendrá que readmitir o indemnizarlos así como pagarle los salarios de tramitación.
La sentencia de la Sala de lo Social del Supremo tiene fecha de 17 de septiembre y en la misma se da la razón a la primera sentencia que se emitió por parte del Juzgado de lo Social Número 1 de Huelva, que en mayo de 2010 daba la razón a FCC y al Ayuntamiento de Bollullos y obligaba a Giahsa a readmitir a Santiago Martín Villarán o a indemnizarlo con 1.922,9 euros.
Giahsa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le dio la razón en mayo de 2011 y revocaba la sentencia del Juzgado de los Social de Huelva. Ante ese fallo, tanto FCC como el Ayuntamiento de Bollullos interpusieron recurso de casación para unificación de jurisprudencia ante el Tribunal Supremo. Este ha fallado y ha dado la razón a la sentencia del Juzgado de lo Social de Huelva, con lo que siente jurisprudencia y unifica la disparidad de criterios existente hasta ahora en los conflictos surgidos de la privatización de servicios municipales de agua y basura.
