El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte acogió ayer la declaración, en calidad de imputado, del alcalde de Cartaya, Juan Polo, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización supuestamente de dos construcciones en suelo no urbanizable.
Durante la misma, el primer edil ha asegurado que «cumplió todos los requisitos para construir una vivienda en 1995 y un almacén en 2003».
Según reza en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Polo ha insistido en que «para el primer almacén, que luego usó como vivienda, cumplió todos los requisitos», así como que desde «hace siete u ocho años se está regularizando la citada vivienda». De hecho, ha precisado que «la protección que tenían los terrenos, donde construyó, era agrícola y de restricción municipal y no paraje natural», no obstante ha señalado que sabía que «esos suelos tenían especial protección, pero que conocía que pronto se iban a regularizar». De igual modo, ha hecho hincapié en que «el próximo jueves se van a regularizar todas las viviendas que pierden la protección».
A su vez, ha hecho hincapié en que él «hizo lo mismo» que otros vecinos: «construir la vivienda donde ya se venía construyendo». También ha remarcado que «hizo la escritura de la misma ante notario y cumpliendo todos los requisitos que éste le exigió», así como que era una obra «calificada como antigua».
De igual modo, ha insistido en que la querella interpuesta contra él «se debe exclusivamente a motivos políticos ya que el denunciante pertenece al partido de la oposición».
Juan Polo ha asegurado que, según el pleno del Ayuntamiento, «habrá un censo con 1.000 viviendas pendientes de regularización», así como que «sólo se demolerán las que estén en paraje natural, pero no las de carácter agrícola» como la suya.
Por último, ha señalado que supo de una denuncia a través del Seprona de la Guardia Civil, cuyos agentes hicieron inspecciones en su finca, pero la Fiscalía «la archivó en 2012».
Cabe recordar que en el auto judicial reza que el juzgado admitió a trámite una querella contra el primer edil cartayero, ordenando la práctica de una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.
