El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), ha instado a la presidenta del comité de empresa municipal, Maite Parga, a que devuelva las horas sindicales invertidas en la negociación del ERE municipal «bien en forma de retribuciones o echarlas de nuevo».
El regidor ha respondido así al anuncio de Parga de que presentará una moción ciudadana en el consistorio para pedir que el alcalde y sus concejales paguen de su bolsillo la minuta del abogado que ha gestionado el ERE que ha provocado once despidos.
Parga ha indicado que «ya que el TSJA ha desestimado nuestro recurso al entender que no se ha llevado a cabo la negociación de un ERE, entendemos que no tienen que ser los vecinos los que paguen esa factura, sino el alcalde y sus concejales».
Sin embargo, el alcalde ha entendido que «ha habido un proceso de ERE, pero como no se ha llegado a un acuerdo hay trabajadores que han pedido negociar de forma individual», y si no lo ha habido «usted -Mayte Parga- que ha cogido una serie de horas sindicales, devuélvalas al Ayuntamiento, en forma de retribuciones o volver a echarlas».
«No ha habido ERE, pero usted ha estado reunido con ese señor -el abogado del Ayuntamiento- cobrando su nómina entera, por lo que tendrá que devolver esas horas a los ayamontinos y lo que usted ha cobrado indebidamente», ha dicho.
Además, ha dicho que «llevo seis meses callándome, hay algo que los trabajadores no sabían y no saben los vecinos de Ayamonte», en referencia al hecho de que los miembros del comité de empresa no pueden ser despedidos «y si hay una lista, ellos no entran», aunque ha destacado que una componente del mismo comité de empresa si accedió a bajarse el sueldo voluntariamente.
Por su parte, Parga ha señalado además que el comité de empresa «no siente que ha perdido, ya que el TSJA lo que dice en la sentencia es que no es el órgano que tiene que juzgar este caso, y se remite a otras instancias».
Por ello, ha indicado que, aparte de las demandas individuales de los trabajadores, presentará una conjunta que irá a un juzgado de los social de Huelva, y posteriormente al Tribunal Supremo si es necesario.
