Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han abierto en el ejercicio 2015 un total de 565 expedientes sancionadores por marisqueo ilegal en Huelva.
La cifra supone un descenso considerable con respecto al curso anterior, más de un 26 por ciento, cuando se interpusieron hasta 765 denuncias, pero es muy superior a los 235 con los que se cerró el año 2013, han informado desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva.
El dato, según el delegado, Pedro Pascual Hernández, pone de relieve «un problema grave ante el que todos hemos de concienciarnos». Un punto en el que alude a «dos razones de peso», por un lado, la necesidad de preservar los recursos del litoral y una actividad profesional de la que dependen en torno a 600 familias en la provincia; y, por otro, el serio riesgo que entraña para la salud pública la ingesta de bivalvos ajenos a todo control sanitario.
Pascual ha manifestado, en este sentido, que el descenso experimentado en el último año en comparación con el anterior no ha de servir, en ningún caso, como argumento para bajar la guardia. Sino que responde en gran medida al cierre continuado de la totalidad de las zonas de producción de moluscos del caladero onubense provocado durante todo el verano de 2014 por el registro de altas concentraciones de la biotoxina DSP, perjudicial para la salud humana.
De igual modo, también ha hecho referencia a aquellas personas que, dentro del contexto de dificultad económica y de desesperación que sufren muchas familias a causa de la crisis y el desempleo, se lanzan al mar en busca de ingresos.
