El cabeza de lista al Parlamento de Andalucía por el PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado hoy la importancia de la aprobación en Consejo de Ministros de la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas, medida incluida en el Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera, así como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las que se conseguirá “una Justicia mejor y al alcance de todos”.
Tras reunirse hoy con el decano del Colegio de Abogados, Juan José Domínguez, la decana del Colegio de Procuradores de Huelva, Inmaculada García González, y miembros de sus respectivas juntas directivas para escuchar sus demandas, González ha subrayado el hecho de que las personas físicas queden exentas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias, medida que ya ha entrado en vigor, contribuirá a “una justicia al alcance de todos, en la que los ciudadanos no tengan que pagar para defender sus derechos”.
“Estamos muy satisfechos a que, tras abordar un estudio profundo del impacto real en materia de acceso a la Justicia, se viene a dar cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno de revisar el sistema actualmente en vigor, para que el mismo no sea un obstáculo al derecho de acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos”, ha señalado González.
Esta supresión, incluida en el decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social, garantiza la tutela judicial efectiva en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias “para que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos” al tiempo que se da cumplimiento a la “reivindicación” de los profesionales del sector que pedían su eliminación.
Igualmente, el cabeza de lista del PP de Huelva al Parlamento andaluz ha asegurado que se lleva el compromiso de satisfacer en la medidas de sus posibilidades las necesidades que en la reunión de esta mañana le han transmitido tanto abogados como procuradores en su afán por conseguir una justicia más eficiente, especialmente en lo concerniente a los turnos de oficio.
“Nos llevamos sus demandas respecto a cuestiones de competencias de titularidad autonómica ya que nos han pedido que se mantenga por parte del próximo Gobierno de la Junta un calendario real para que los abogados del turno de oficio sepan cuándo van a percibir los ingresos por su trabajo”, ha señalado González, que ha destacado, entre otras demandas, “ que se aumenten los ingresos que percibe el colegio de abogados en materia de infraestructuras para atender el servicio de justicia gratuita y la demanda generalizada para que la Junta amplíe el numero de funcionarios de justicia y se cubran sus bajas con profesionales cualificados y especializados en la materia”.
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
Asimismo, el dirigente popular se ha referido a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se introducirán en el sistema judicial un paquete de medidas organizativas encaminadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a través de una mayor especialización en los Tribunales y un mejor reparto de asuntos.
Para González, la reforma de la LOPJ sitúa su punto de mira especialmente en dos aspectos que requieren de una atención permanente por
parte de las instituciones públicas y que suponen un gran beneficio para los ciudadanos: la modernización de la Justicia y la lucha contra la violencia de género.
“El primero de esos objetivos, la modernización y transformación de la Justicia, no es nuevo. Desde hace más de una década se viene demandando una Justicia que actúe con rapidez, eficacia y calidad, en la que los tiempos de respuesta sean razonables y se alcancen los máximos niveles posibles de profesionalización y especialización”, ha manifestado.
Asimismo, se refirió a la instrucción de las causas penales de especial complejidad, para las cuales esta modificación incluye medidas para agilizar ese proceso. De este modo, para auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al órgano instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia para que, bajo la dirección del titular, puedan realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.
Respecto al otro gran objetivo de la reforma, continuar adoptando medidas de lucha contra la violencia de género, se incluyen medidas en la modificación para la erradicación de la violencia contra la mujer, así como una mejor atención a las víctimas. Por ejemplo, se potencia la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, y se amplían las competencias del juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer; y, en segundo lugar, también conocerá del delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar.
REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Asimismo, González ha destacado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aumentará el uso de las nuevas tecnologías y extenderá la utilización de los sistemas telemáticos en la Administración de Justicia con el fin de agilizar los procedimientos.
En cuanto a la presentación de escritos y documentos, ha indicado que a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán también obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para realizar esta actividad.
