El portavoz del Partido Popular de Huelva en la Diputación y secretario general de los populares onubenses, Guillermo García, ha anunciado hoy que su grupo exigirá mañana en el pleno de la Diputación que la Junta de Andalucía que no deje tirados y solucione la situación del colectivo de 39 administrativos de 60 colegios de Infantil y Primaria de Huelva que han sido despedidos de modo masivo y a mitad de curso.
Así lo ha indicado durante un encuentro mantenido hoy en la sede popular con miembros la Plataforma SOS Monitores Administrativos, y su portavoz, Rocío Camacho, a la cabeza. Este despido, ha afirmado el dirigente popular es injusto y se produce por culpa de un cambio en el sistema de contratación que ha aplicado el Gobierno bipartito.
García Longoria ha añadido que han sido los propios monitores los que han denunciado que después de realizar tareas y funciones de apoyo administrativo en los centros escolares durante 9 cursos, y bajo una externalización en precario e incluso a través de subcontratas, ahora la Junta ejecuta este despido masivo.
Además, el popular ha afirmado que los afectados han denunciado también la situación de incertidumbre que están atravesando desde hace semanas puesto que nadie les aclara si este cambio de criterio de la administración autonómica les va a dejar sin la posibilidad de poder acceder a la convocatoria pública que se ha anunciado al efecto.
A juicio del portavoz del PP, los centros educativos no pueden verse afectados por esta decisión consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno bipartito". Por eso, los responsables de la Junta tienen que garantizar el desarrollo de las gestiones y tareas de atención al público y de inscripción de actividades desempeñadas hasta ahora por estos trabajadores y, menos aún, provocando una situación que afecte al normal desarrollo de los centros educativos restando los recursos humanos que perjudican a los docentes y a las familias", ha subrayado Alberto Fernández.
El dirigente del PP onubense, igualmente, ha afirmado que la Junta de Andalucía es la que ha ocasionado el problema, la que despide a los trabajadores y, por lo tanto, la responsable directa y la que tiene que solventar esta situación.
Por ello, el PP solicitará al Gobierno andaluz, a través de una iniciativa en la Diputación, que resuelva el conflicto de manera urgente, escuchando al colectivo, tomando nota de las posibles soluciones que les están planteando para no seguir perjudicando y afectando negativamente tanto a los trabajadores como al funcionamiento de los centros educativos públicos.
Por su parte, Camacho ha indicado que la Junta nos ha engañado porque en un principio la Junta nos dijo que nos iba e buscar un encaje legal para readmitirnos pero a día de hoy, según la oferta presentada en el SAE, no cuentan con nosotros ni con nuestro perfil ni titulación, un perfil que sólo cumplen el 10 por ciento de los 890 monitores de Andalucía.
La Junta, ha asegurado Camacho, no se ha querido sentaron nosotros, no nos ha escuchado, después de 9 años desempeñando e forma ininterrumpida un trabajo para el que estamos perfectamente capacitados, ha añadido Camacho.
La representante de este colectivo en la provincia de Huelva, por último, ha puesto de relieve el colapso burocrático que se está dando en los centros educativos desde que en el mes de noviembre la Junta decidió prescindir de unos trabajadores que ejercían de administrativos en los colegios.
