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El reparto de las cuotas del boquerón beneficiará a 61 buques de Huelva y Cádiz

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El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado hoy que el reparto de la cuota del boquerón para el Golfo de Cádiz beneficiará a un total de 61 buques de la flota de cerco gaditano y onubense, que dan empleo directo a unos 600 tripulantes, al tiempo que ha agradecido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) su “permanente compromiso” con el sector pesquero de Cádiz y Huelva, que considera “clave” para a economía de ambas provincias.

Sanz ha hecho estas declaraciones tras publicarse hoy en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las cuotas de boquerón para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2017, una resolución que se dicta en cumplimiento de la Orden de agosto de 2016 que se establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz.

La resolución detalla las cuotas correspondientes a un total de 61 barcos de las provincias de Cádiz y Huelva para 2017, en su mayoría con base en los puertos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Punta Umbría, y precisa que, en relación con 2016, ha habido 2 barcos que han abandonado el censo de cerco al haber pasado a la modalidad de artes menores, por lo que sus porcentajes de cuota se han repartido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje individual de cada barco.

Sanz ha recordado que, tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado por los ministros de Pesca de la Unión Europea sobre el reparto de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2017, este año se podrá llegar hasta un volumen de 5.978 toneladas de pesca, lo que el delegado considera “un buen acuerdo” que demuestra que “este Gobierno cumple y trabaja eficientemente a favor de los pescadores andaluces, con los que se han mantenido reuniones constantes para dar soluciones a sus problemas”.

Sanz ha afirmado, por último, que “la política impulsada por el Gobierno de España, basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos, redunda en una mejora de la rentabilidad y en las condiciones de pesca para el sector gaditano y onubense” que, además del empleo directo, “genera cientos de puestos de trabajo indirectos en las lonjas”, por lo que de la citada actividad “dependen miles de familias en estos pueblos”.

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