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En libertad tras ser detenidos en relación a un alijo de 1.400 kilos de hachís en Ayamonte

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Un total de cuatro personas han sido detenidas por parte de efectivos de la Guardia Civil, en Isla Cristina y Ayamonte, por su presunta relación con un alijo de hachís de 1.400 kilos, que fue interceptado el pasado mes de enero en esta segunda localidad y de cuya instrucción se hizo cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 del municipio fronterizo.

Según ha podido saber Canalcosta TV, la detención se produjo el pasado 10 de marzo, pero los arrestados han sido posteriormente puestos en libertad, después de que el Ministerio Fiscal no haya pedido prisión, pese a estar siendo investigados por un presunto delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y con incautación de una furgoneta que contenía la cantidad de estupefacientes anteriormente mencionada.

En este caso, ha sido ha sido el Juzgado Instancia e Instrucción número 5 de Ayamonte, en funciones de Guardia, el encargado de resolver la situación personal de los detenidos, que deberán comparecer en el juzgado -eso sí- los días 1 y 15 de cada mes.

Las fuentes consultadas han recordado que no es la primera vez que el Ministerio Fiscal no solicita prisión para los presuntos autores de este tipo de delitos. Así, en abril de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte decretó la puesta en libertad provisional a los seis detenidos en este municipio cuando supuestamente transportaban 1.100 kilos de hachís al no solicitar la Fiscalía la comparecencia estipulada en la ley para interesar el ingreso en prisión.

Según confirmó entonces el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), a los detenidos se les investigaba por un presunto delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y con incautación de embarcación.

Dicha fuente explicó que el juez ha adoptado «la única decisión» que podía tomar después de que la Fiscalía anunciara que no iba a solicitar la celebración de la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde el Ministerio Público puede interesar el ingreso en prisión o la puesta en libertad provisional de los arrestados, sin que -al igual que ahora- trascendiesen los motivos de la decisión.

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