En un comunicado remitido por la familia de la propietaria del inmueble, realizan un relato de los hechos que comenzaron en octubre de 2013. Han precisado que en ese momento solicitaron el pago de varios recibos, entre ellos del IBI, así como de la renta de los meses de febrero, marzo y abril de 2012 y la subida del IPC de las rentas. Así las cosas, han indicado que se interpuso demanda de desahucio en enero de 2014, «fundándose en la falta de pago de lo requerido, elevándose la cantidad reclamada a los 886 euros».
Del mismo modo, han explicado que antes del juicio el juzgado de Ayamonte «comunicó a la inquilina que podía pararlo si hacía frente al pago o lo depositaba en el juzgado o en la notaría». No obstante, «no lo hizo».
Tras dictar el juez sentencia a favor de la demandada, esto llevó a la propietaria a recurrirla ante la Audiencia Provincial que le dio la razón en febrero de este año, estimando íntegramente la demanda de desahucio y condenando a la inquilina a dejar el inmueble.
Además, han asegurado que en la demanda aportaban documentos facilitados por la entidad bancaria relativos a la cuenta de la propietaria en la que constan los ingresos realizados por la inquilina referentes al pago de las rentas e impuestos de 2000 a 2013, y en los que faltan los pagos de las rentas reclamadas; en uno de ellos la entidad bancaria «omitió estampar el sello de la misma».
La familia desahuciada alega que el mismo fue «manipulado» y presentaron demanda por falsificación documental, pero desde la propiedad inciden en que se ha aportado al juzgado de Ayamonte un documento «con el mismo contenido sellado por la entidad bancaria y que demuestra que no existe falsificación alguna». No obstante, argumentan que «si fuera cierto lo que sostienen, que ingresó la renta de los meses reclamados, ella sabrá entonces cuándo y en qué cuenta fueron ingresados» debido a que en la cuenta de la propietaria «no aparecen».
