Los mariscadores de la coquina de Huelva han denunciado que un vertido ilegal ha acabado con el 50 por ciento de la especie en el litoral onubense y han lamentado que desde la Junta de Andalucía no se les haya dado «ningún tipo de información sobre ese episodio contaminante».
En declaraciones a Efe, el presidente de la asociación de mariscadores de Nueva Umbría, Antonio Márquez, ha explicado que el vertido fue detectado hace unos días, cuando se percataron de la presencia en el agua como «de una especie de fanguillo color chocolate» cuya procedencia y naturaleza desconocen.
Ante esta situación, sacaron varias muestras de coquinas del agua y comprobaron como «el bivalvo se abría un poco pero no sacaba la lengua y a las dos o tres horas de haberlo retirado del agua estaba muerto».
Los mariscadores han asegurado que tras la detección de este vertido han constatado cómo se ha reducido el número de ejemplares de la especie en el litoral «casi a la mitad», fundamentalmente en la franja del litoral que discurre entre Isla Cristina y Punta Umbría.
«No comprendemos cómo nosotros nos hemos percatado de esto y desde la Junta de Andalucía, a pesar de que se realizan análisis continuos de las especies del litoral, no se nos ha informado, pese al perjuicio que nos comporta», han señalado.
Este descenso de las capturas se suma al hecho de que los mariscadores no puedan salir a faenar desde hace ya más de 65 días, después de que tras el fin de la veda de dos meses que concluía el 18 de mayo, la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca haya cerrado el litoral por presencia de biotoxinas que desaconsejan el consumo humano de estos bivalvos por sus efectos nocivos para la salud.
Pese a ello, los mariscadores han decidido saltarse dicha prohibición y salir a faenar hoy ante «la necesidad de obtener ingresos con los que subsistir» y amparados en los resultados de un laboratorio de referencia homologado para análisis a bivalvos de Galicia que determina que el estado de la coquina en el litoral onubense es «apto para el consumo».
La Junta les ha pedido responsabilidad y les ha advertido que la captura de coquinas estando el litoral cerrado por biotoxinas es considerada una «falta muy grave» que pueden comportar sanciones económicas de entre 60.001 y 300.000 euros».
Márquez ha reclamado a la Junta que «lejos de amenazar abra el litoral y ejerza un mayor control sobre los ilegales y el turismo que han estado y están capturando coquina y vendiéndola y consumiéndola en clara competencia desleal con los mariscadores reglados».
