Un matrimonio onubense ha denunciado que la Junta de Andalucía le quita a sus cuatro hijos, de entre
11 y 6 años «solo por ser pobres». Así lo han afirmado estos padres este jueves ante la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva a la que han acudido para recoger la resolución que les indica que mañana tendrán que entregarlos a las 11.00 horas de la mañana en el Centro de Menores Juan Ramón Jiménez de la capital.
Los padres, Carmen Andivia y Manuel Vázquez, de 39 y 45 años, han acudido este jueves a la Delegación a recoger la resolución con evidentes síntomas de estrés, tanto es así, que a la madre de los cuatro pequeños le ha dado un ataque de ansiedad en la puerta y ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios. Ambos se encuentran en paro desde hace años y solo tienen 500 euros de ingresos de una ayuda social, además viven en una casa que les ha cedido un familiar y sobreviven también gracias al apoyo de un grupo de personas que les ayudan.
A esta cita les han acompañado miembros de la plataforma activista onubense ‘Concejal 29’ quienes han denunciado megáfono en
mano lo que consideran una «atrocidad» cometida contra esta familia.
Según ha explicado a HuelvaHoy el abogado de la familia, Ramón García, «nosotros no detectamos ningún elemento objetivo que indique que estos padres no puedan ejercer la patria potestad de sus hijos». Según recoge el informe de los técnicos de los Servicios Sociales, tanto del Ayuntamiento de Huelva, como de la Junta de Andalucía, los padres no podrían continuar con sus hijos puesto que «existe un hacinamiento», algo que ha criticado el abogado ya que asegura que «la familia pidió una vivienda ajustada a sus necesidades en 2009 y no le ha sido otorgada». Otro de los motivos que apunta este informe es que el padre «es toxicómano y alcohólico, además de propinar malos tratos a la madre y a los menores», señala el abogado, quien critica que «no hay indicios que demuestren que es cierto», además, destaca que «si consideran cierto lo de los malos tratos, ¿por qué no han actuado en tiempo y forma y se han activado los protocolos contra los malos tratos en lugar de dejar a los menores durante tanto tiempo en manos del supuesto maltratador?» y sentencia que «no hay por dónde cogerlo y todo esto lo vamos a demostrar judicialmente».
Tanto la plataforma ‘Concejal 29’ como el abogado de la familia aseguran que «se está cometiendo un atropello» contra este matrimonio y contra los menores. «Existen valoraciones y suposiciones subjetivas de los técnicos y han hecho caso omiso a la alegaciones que hemos presentado de contrarios para la retirada de los menores». Con respecto a los malos tratos y la supuesta adicción del padre «no existen ninguno de esos supuestos, lo único que existe es una familia humilde con carencias». «No hay denuncias de malos tratos ni por parte de la madre ni por parte de los vecinos», y señala que los Servicios Sociales «lo que tienen que hacer es ayudar a esta familia en lugar de quitarle a sus hijos».
Además, el abogado ha insistido en que los menores «tienen sus necesidades básicas cubiertas, están escolarizados en la Ciudad de los Niños, no faltan a clases y tienen todas sus vacunas y sus cuidados».
Esta retirada de los hijos es temporal y, según Ramón García, supone «una lesión a los derechos de sus demandantes» y apunta que «la familia no ha tenido apoyo por parte de los organismos competentes».
Desde ‘Concejal 29’ aseguran que cuando tuvieron conocimiento de este caso y de la situación de la familia empezaron a poner todo de su parte para ayudar. En este caso, procedieron a la rehabilitación de la vivienda de esta familia de forma particular, «ayudando con muebles y la instalación de electrodomésticos nuevos y reformas para mejorar la vivienda», aunque parece que no ha servido, de momento, para conseguir retener a los pequeños junto a sus padres, quienes trabajan de forma eventual en los empleos que les van saliendo, ya que no tienen un trabajo fijo.
Por esto, afirman, tanto los padres de los menores como su abogado y la plataforma activista ‘Concejal 29’ que «al no haber ningún indicio real de todas estas acusaciones, lo único que nos queda por pensar es que les quitan a sus hijos por ser pobres».
La versión de la Junta
Por su parte, desde la Junta de Andalucía han señalado a HuelvaHoy que La normativa en el ámbito de protección de los menores impide dar información de ningún caso concreto, pero han considerado necesario «aclarar» una serie de cuestiones sobre la labor del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Los primero que han querido apuntar desde la administración a las preguntas de esta redacción es que «en ningún caso se produce la retirada de un menor por la falta de medios económicos en la familia».
En este sentido, han querido señalar que «todas las medidas que se adoptan por parte de la administración ante un caso de desprotección de un menor se encuentran perfectamente fundamentadas desde el punto de vista técnico y jurídico» y que «en todas las decisiones adoptadas prevalece por encima de todo la defensa de los derechos y el bienestar de los menores, que es el objetivo prioritario que rige cualquier medida de protección».
Por parte de la administración han señalado además que existen mecanismos, «a través de equipos profesionales de tratamiento, para ofrecer a las familias una serie de recursos que les permitan revertir y corregir las situaciones que generaron la desprotección del menor». Y han querido poner de ejemplo que «la labor preventiva de dichos equipos ha posibilitado en los últimos años un descenso del 11% en el número total de medidas de desamparo decretadas por la Junta», todo esto según datos de la propia administración andaluza. Han continuado explicando que «no obstante, en aquellos casos en que finalmente no es posible la reunificación familiar, se opta por que los menores pasen a convivir con otra familia garantizándoles así un ambiente y desarrollo normales».
Asimismo, han afirmado que «todas las decisiones que adopta la administración en materia de protección de menores son susceptibles de control judicial, y cualquier persona interesada en un procedimiento (padres, madres, acogedores, guardadores, etc.) está facultada para oponerse ante el juzgado a cualquier resolución en esta materia: declaración de desamparo, acogimiento familiar, régimen de visitas, etc. Correspondiendo en última instancia al juez decidir si la decisión adoptada se ajusta a derecho y si se han respetado los derechos de las personas implicadas».
(Foto de portada: Los cuatro hijos de la pareja/ Fotos interiores: Los padres de los niños/ Rocío Díaz)
