La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa han condenado la agresión sufrida en los últimos días por un médico del centro sanitario de Cartaya, ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su labor y muestran “su más enérgica repulsa a esta clase de actos, sumándose a la concentración de protesta convocada hoy por los profesionales de las instalaciones”.
Según ha informado la consejería en un comunicado, el suceso, en el que se vieron implicados otros compañeros del facultativo agredido, “en ningún caso empaña el clima de confianza y respeto mutuo existente entre los ciudadanos y profesionales del centro de salud costero”. La administración autonómica insiste en que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, “no puede justificarse bajo ningún concepto”.
Nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Huelva-Costa activó el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al personal afectado. Esta actuación se enmarca en el ‘Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’, puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones.
Según informa la Junta, en el marco del plan, “el trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que el profesional decida denunciar lo ocurrido, como así ha ocurrido en este caso. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS”.
En este sentido conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.
La administración andaluza ha asegurado que el sistema sanitario público andaluz “fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales”.
“El plan ha permitido a la vez dotar a los centros sanitarios de Huelva de una amplia batería de medidas de seguridad y protección –en concreto 1.756-, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas”.
